En el campo de la movilidad humana el derecho adquiere una centralidad particular, dado que las dinámicas migratorias conforman un locus donde se materializan relaciones de poder que encuentran en el derecho uno de sus principales mecanismos de institucionalización, al tiempo que este otorga el marco normativo que regula los procesos de movilidad, definiendo quiénes pueden desplazarse de forma regular, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de acceder al conjunto de derechos reconocidos por los ordenamientos jurídicos nacionales.
En la actualidad Uruguay es escenario de múltiples dinámicas migratorias, que colocan al país en el concierto de las movilidades sur-sur. En los procesos de desplazamiento mujeres, varones, niños, niñas y adolescentes que se transitan por todo el continente latinoamericano son atravesados directa o indirectamente por formas de regulación migratoria y por políticas de securitización fronteriza que restringen las movilidades, criminalizan la migración y precarizan los desplazamientos, vulnerando los derechos de las personas migrantes.
En nuestro país, normativas con enfoque garantista de los derechos de las personas migrantes, como la Ley 18.250, que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano inalienable, conviven con dispositivos de control y securitización fronteriza que precarizan los desplazamientos y restringen de forma diferencial ese derecho, como ocurre con la imposición de visados a algunos orígenes migratorios. Estas tensiones si bien no constituyen regímenes de criminalización de la migración, como los desarrollados en los contextos migratorios del norte global, al igual que estos, promueven políticas de gestión de la movilidad centradas en la vigilancia y el control; conformando un régimen global de control migratorio del cual Uruguay forma parte. Estas políticas producen vidas migrantes sospechadas, a las que se les exigen mayores requisitos para convertirse en migración regular y actúan como formas de control veladas bajo políticas migratorias con rostro humano (Domenech, 2013).
A su vez, diversas investigaciones desde el campo de las ciencias sociales (Uriarte y Urruzola, 2018; Fossati y Uriarte, 2018; Piñero, 2021; Garibaldi, 2023; Da Silva et al., 2024), han evidenciado que la existencia de un marco jurídico protector de los derechos de las personas migrantes no se traduce necesariamente en un ejercicio real de estos derechos. En este sentido, consideramos que es necesario profundizar en el análisis de las formas en que las personas migrantes ejercen efectivamente sus derechos, así como en las posibilidades reales que tiene de acceso a la justica y de reclamo de sus derechos ante el foro, en caso de que sean vulnerados. Para ello partimos de una mirada crítica sobre el derecho, entendido más que como un conjunto de textos normativos, como un campo social (Bourdieu, 2001), conformado por múltiples actores que tensionan sentidos diversos sobre lo jurídico.
En esta línea de investigación abordaremos, desde una mirada crítica y con anclaje en el campo de los estudios empíricos en derecho, las consecuencias que los instrumentos de control migratorio desarrollados por Uruguay tienen sobre la protección de derechos y el acceso efectivo a la justicia de las personas migrantes.
Partimos de una perspectiva crítica, anclada en la crítica jurídica latinoamericana (Correas, 2013), para la cual la igualdad jurídica formal convive con profundas desigualdades materiales que condicionan el ejercicio efectivo de los derechos. Desde esta perspectiva, proponemos un abordaje metodológico desde los estudios empíricos en derecho (Cunha y Da Silva, 2013) que entiende al derecho como un fenómeno social, por lo tanto, plausible de ser investigado utilizando los métodos y técnicas de las ciencias sociales.
El trabajo combina dos estrategias metodológicas complementarias. Por un lado, la etnografía de documentos y el análisis de prensa permiten abordar la producción y circulación de sentidos en diferentes corpus documentales, considerados tanto fuentes de información como artefactos sociales que condensan marcos interpretativos, categorías de clasificación y relaciones de poder. En este marco, el análisis de medios posibilita examinar las formas de representación de las migraciones, los énfasis narrativos y las recurrencias discursivas que intervienen en la construcción pública del fenómeno.
Por otro lado, la etnografía colaborativa y los talleres de producción audiovisual promueven la participación activa de las personas involucradas como productoras de conocimiento sobre sus propias experiencias. Esta perspectiva favorece la construcción de narrativas situadas, la reflexión colectiva sobre los procesos de movilidad y pertenencia, y la generación de materiales audiovisuales que, además de constituir insumos para la investigación, contribuyen a la circulación pública de experiencias y a la problematización de discursos dominantes sobre las migraciones.