Pilar Uriarte Bálsamo

Enrique Coraza de los Santos

Movilidad, territorio y COVID. Pensar más allá de las fronteras nacionales

La movilidad humana ha adquirido características singulares a partir de la integración regional de circuitos migratorios, así como de la conexión y articulación de dispositivos de control en frontera a nivel global. En la medida en
que las restricciones a la movilidad y el ingreso a territorio aumentan en los países del norte global, los trayectos de las personas migrantes se extienden e incorporan situaciones de mayor vulnerabilidad y violencias.

Los obstáculos no hacen que las personas dejen de migrar, sino que dan nuevas configuraciones a esos procesos, combinando espacios de tránsito y destino. Personas de diversos orígenes y con trayectorias migratorias dispares se encuentran en espacios signados por dinámicas de movilidad / inmovilidad que imponen las fronteras. Sus trayectorias migrantes conectan lugares anteriormente pensados como distantes, en su andar hacia un norte imaginado. Entre estas conexiones “inesperadas” encontramos a las fronteras Uruguay – Brasil y México – Guatemala.

En la actualidad los espacios de frontera de México con Guatemala y Uruguay con Brasil representan los principales puntos de ingreso de población migrante para cada país. Estos espacios fronterizos se constituyen a lo largo de los

límites políticos de cada Estado en extensiones comparables. Se trata de fronteras secas en su mayor parte, con algunos puntos de fronteras fluviales. En ambos casos, las fronteras están caracterizadas por la ausencia de obstáculos

geográficos, lo que generó una histórica “porosidad”, asociada a la continuidad entre áreas urbanas / rurales y a núcleos urbanos “binacionales”. A lo largo de estos espacios de frontera se despliegan dinámicas transfronterizas caracterizadas por la circulación de personas, bienes y recursos.

En lo que refiere a los procesos de movilidad internacional, las fronteras Uruguay – Brasil y México – Guatemala presentan características similares, como el hecho de ser punto de ingreso de personas migrantes, así como lugares de tránsito hacia otros destinos, nacionales e internacionales. Sin embargo, en los últimos años se han visto afectados e intervenidos por los procesos globales de securitización que inciden sobre el ingreso y movilidad de personas, el control y gestión de las fronteras y un aumento creciente de la militarización y la inserción en realidades geopolíticas regionales.

La coyuntura de la pandemia global del COVID-19 fue una oportunidad para observar y analizar cómo se manifestaban estos componentes de la movilidad de personas, las fronteras y las reacciones, tanto de los gobiernos como de las

sociedades. Lo que presentamos a continuación es una descripción de lo que sucedió en ambos espacios estudiados para poder visualizar y comprender esas lógicas que trascienden nuestra idea de espacio y territorio.

La frontera Uruguay – Brasil, un espacio de circulación y tránsito

La frontera Uruguay – Brasil se caracteriza por formas de movilidad históricas que han constituido estrategias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, aún antes de la existencia de Uruguay y Brasil como países independientes. Fundamentalmente, las actividades productivas zafrales y comercio de mercaderías han caracterizado esa movilidad. Flujos migratorios de diversos orígenes también se han asentado en estos espacios de frontera en diferentes períodos históricos. En la actualidad, un importante número de población migrante reside de forma temporaria o permanente en centros urbanos de frontera, atraída por su dinamismo económico o por la necesidad de regularizar documentación y realizar trámites. Los departamentos fronterizos con Brasil presentan una alta movilidad cotidiana

vinculada al trabajo, estudio, consumo o uso de servicios públicos a un lado u otro de la frontera.

Securitización, control de fronteras y pandemia

A comienzos del siglo XXI las fronteras nacionales adquieren centralidad, tanto en las preocupaciones de diversos gobiernos y de la comunidad internacional, como en las investigaciones sobre movilidad humana y migración. Muchos

países del llamado norte global recrudecieron sus políticas restrictivas para los migrantes, impidiendo el ingreso y permanencia en sus territorios. Tecnologías de punta, puestas al servicio de la identificación de personas y la vigilancia de territorios, se combinan con formas tradicionales de contener a las personas en movimiento, como son los muros y centros de detención.

Desde hace dos décadas vemos un aumento y articulación a nivel global de esos mecanismos de control. Esto ha conducido a que muchos espacios de frontera, caracterizados por dinámicas transfronterizas, fueran fuertemente impactados. Las formas en las que las personas organizaban sus vidas de un lado a otro de los límites nacionales se han transformado profundamente. Para las personas migrantes, el aumento en las restricciones tiene como consecuencia trayectos más largos y costosos; mayores y más diversas situaciones de violencia y períodos de inmovilidad y detención más largos.

Durante el período de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 los espacios de
frontera tomaron un particular protagonismo, transformándose en el foco de la atención pública y centro de las políticas de restricción de movilidad de la población. Esto afectó de diversas formas a la población local y migrante, para
quienes, en muchos sentidos, la frontera no representa la división entre dos territorios nacionales, sino un espacio de continuidad, tensión y reelaboración de estos.

Movilidad y cierre de fronteras en Uruguay

Si bien es posible decir que la política migratoria de Uruguay ha tenido un carácter abierto en términos de recepción y documentación de personas en situación de movilidad, algunos elementos, como la visa a personas de República Dominicana instaurada en agosto de 2014, o la intensificación de la presencia de organismos internacionales como ACNUR y OIM, señalan la integración del país a los procesos de homogenización y articulación del control de la movilidad a nivel global. El advenimiento de la pandemia aceleró y agudizó estos procesos, con largos períodos de cierre de fronteras que imposibilitaron no sólo la continuidad de los trayectos migratorios, sino también el retorno de las personas migrantes a su lugar de origen. También significó una profunda transformación en los lineamientos de la política migratoria, que coincidió con el cambio de gobierno a nivel nacional. El 30 de marzo de 2020 se decretó el cierre de fronteras para personas que no residieran en el país, habilitando la reunificación familiar y la solicitud de refugio como las únicas formas de ingreso para población en situación de movilidad.

Tras la pandemia COVID-19 se autoriza el ingreso a nuestro país únicamente a personas residentes o situaciones excepcionales con los protocolos sanitarios previstos y según lo dispuesto en el decreto N° 104/020 y 159/020.
Dentro de estas excepciones se encuentran aquellos casos manifiestamente fundados de protección internacional, amparados por la Ley N° 18.076. (L. L., trabajadora social, Chuy, agosto 2021).

Sin embargo, estas medidas no implicaron una disminución de los procesos de movilidad, sino su transformación en términos de escalas de desplazamiento, tiempos de espera, y fundamentalmente, irregularización y criminalización de las personas en situación de movilidad.

Contrario a lo que se hubiese pensado, el flujo migratorio no se suspendió, pero sí podemos decir que la pandemia determinó un corrimiento del tema migratorio hacia la frontera, con una perspectiva más enfocada en el control, con un menor espacio para pensar la integración de estas personas que llegan. Hechos que, de alguna manera, nos colocan dentro del concierto internacional, en cuanto a la manera de gestionar la migración. Ello como consecuencia directa del decreto de emergencia, del cierre de fronteras y de los obstáculos para ingresar al país. (L. L., trabajadora social, Chuy, agosto 2021).

Desde marzo de 2020, la única forma de ingreso al país estuvo regida por la solicitud de protección especial a través del estatuto del refugiado. En 2021 se modificaron los procedimientos para la solicitud de refugio, incorporando más pasos administrativos y, en algunos casos, imposibilitándola. Esto significó la imposibilidad de ingreso regular al territorio nacional. Hasta ese momento, las personas que ingresaban al país en situaciones de riesgo o desprotección podían iniciar la tramitación de la Cédula de Identidad mediante la solicitud de refugio. Este nuevo requisito implicó dificultades para acceder al único camino de regularización de la situación migratoria. Estos cambios no tuvieron como resultado la disminución del ingreso de personas al territorio, sino la restricción de los espacios de circulación dentro del territorio nacional y un aumento de la vulnerabilidad, dificultando el acceso a programas sociales y la posibilidad de desplazarse en busca de oportunidades laborales.

COVID y la precarización de las condiciones de vida

La situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia acarreó dificultades en diversos ámbitos, con consecuencias en las condiciones de vida de las personas migrantes. Las pérdidas de personas próximas en el país de origen, la imposibilidad de visitar o retornar luego de una visita y las dificultades para la tramitación de documentos, impactaron muy fuerte en las posibilidades de seguir adelante con los proyectos de vida.

Yo creo que nos empobrecemos mucho, yo no creo lamentablemente que como al principio la gente decía que las personas iban a salir mejores de la pandemia (…) yo creo que la gente está más pobre, sin tener un horizonte,

no sabe bien a dónde ir o qué hacer. (C., migrante brasileña, Rivera, julio 2021).

Se destacan la dimensión del trabajo y la baja de los ingresos con los que se afrontan los gastos cotidianos, pero fundamentalmente el envío de remesas. La situación económica está directamente vinculada a la condiciones sanitarias

y sociales. El deterioro en las condiciones de la vivienda a la que se accede y la seguridad en el entorno en que esta se encuentra; la expectativa en torno a la reunificación familiar; los recursos para acompañar a niños y niñas en la tarea escolar a distancia y la posibilidad de acceder a tratamientos de salud, más allá de la COVID-19, se presentaron como las principales afectaciones. Estas situaciones aparecen siempre entrelazadas y en muchos casos, cuando el trabajo se realiza en casa o se vive en el lugar de trabajo, las dificultades se multiplican.

Es así que la preocupación por la COVID para las personas migrantes no necesariamente refiere a afectaciones directas a la salud. En general, la posibilidad de enfermar es visualizada como un problema más, pero no como la preocupación
principal. Otras situaciones de salud atravesadas y la posibilidad o no de acceder a los tratamientos necesarios, así como la posibilidad de una atención en salud más allá de las emergencias parece ocupar un lugar más central en las preocupaciones de esta población.

La pandemia, sí, complicó bastante la situación de la pandemia, como te digo, así como me complicó los papeles, también a nivel de trabajo. Que si no estás trabajando cómo puedes reunir algo de dinero o algo para mandar o al menos hacer un viaje, ir a buscar a los niños, alguna cosa pues… todo se complicó la verdad que sí… todo, hasta la búsqueda de
ellos se complicó, porque yo dije, capaz que trabajo dos años duro, duro, duro y así haciendo los papeles y eso, voy y los busco, pero todo se complicó. (Y., migrante venezolana Chuy, agosto 2021).

Diversas dimensiones de lo social se han visto afectadas a partir de la declaración de emergencia sanitaria. Los vínculos familiares y las relaciones con el país de origen, el envío de remesas, la posibilidad de realizar visitas y fundamentalmente la proyección de procesos de reunificación familiar. A partir de esto, es posible decir que para las personas en situación de movilidad, la emergencia sanitaria significó mucho más que un riesgo para la salud. El contexto de crisis excedió a lo sanitario, incorporando diversas formas de vulnerabilidades que se potenciaron con la situación de inmovilidad que produjo el cierre de fronteras. 

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